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Informe sobre Defensores de DDHH en Peru

Miembros de ULAM en Cajamarca y Piura son mencionadas en el nuevo informe lanzado por Front Line Defenders sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Perú.
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(Dublin, 19 Junio 2014) Front Line Defenders visitó el Perú en febrero de 2014 y viajó a lo largo de las regiones de Cajamarca y Cusco, donde realizó una investigación sobre los conflictos actuales entre las empresas mineras y las personas defensoras campesinas e indígenas. El informe presentado está basado en el trabajo de campo y las entrevistas realizadas con personas defensoras de los derechos humanos independientes y organizaciones de la sociedad civil. Un vídeo de 12 minutos acompaña a este informe, disponible en frontlinedefenders.org/peru-reportonhumanrightsdefenders

Front Line Defenders manifiesta su honda preocupación en referencia a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) que trabajan en derechos humanos y en lo relativo a temas medio ambientales relacionados con industrias extractivas en el Perú. Viven y trabajan en un contexto muy adverso, siendo blanco directo de intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, vigilancia, estigmatización, campañas de desprestigio y hostigamiento judicial. Todas los ejemplos documentados puedan estar directamente relacionados con la labor legítima y pacífica que desarrollan los DDH en referencia, en particular por el apoyo a las comunidades locales que se oponen a proyectos mineros y su impacto en el medio ambiente, su territorio y en sus medios de vida.

“Front Line Defenders ha observado con honda preocupación una tendencia a lo largo de la región, donde los gobiernos en su búsqueda rapaz por materias primas y beneficios, abusan de los derechos de las comunidades indígenas y locales y de aquellos que los defienden. El gobierno del Perú tiene la obligación de respetar los derechos de todos sus ciudadanos y de proteger los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos que se manifiestan en nombre de sus comunidades” ha dicho el Director Adjunto de Front Linde Defenders, Andrew Anderson durante la presentación del informe.

Perú es uno de los mayores productores de plata y cobre en el mundo y el quinto productor mundial de oro. Las concesiones mineras del gobierno para amplias áreas del territorio nacional se extiende a 45% en el territorio de la provincia de Cajamarca y al 21% en el territorio de la provincia de Cusco. Estos proyectos han provocado que las autoridades y las empresas mineras entraran en conflicto con las comunidades indígenas y campesinas, quienes subsisten de la agricultura, y han visto sus medios de vida socavados. La comunidades locales están preocupadas sobre todo por el acceso al agua, ya que los ríos han sido contaminados y los cursos del agua se han secado.

La intensa oposición local a la minería se ha encontrado con una respuesta violenta del estado y el uso excesivo de la fuerza por la policía y el ejército en protestas y movilizaciones. Es de particular preocupación la ley de enero 2014 que otorga a las fuerzas armadas y a la policía nacional inmunidad en las acusaciones por muerte o lesiones mientras estén de servicio.

En la actualidad alrededor de 400 manifestantes y DDH enfrentan procesos judiciales que han sido interpuestos por las compañías mineras, su personal o el Ministerio Público. En muchos casos estos cargos son una forma de hostigamientos judiciales, sin evidencia alguna que los respalde. El Sr Milton Sanchez de la Plataforma Interinstitucional Celendín ha enfrentado 50 procesos penales pero en ningún caso de ellos ha sido condenado. Estos falsos procesos se llevan un tiempo muy valioso y recursos, entorpeciendo el trabajo principal de la organización.

Muchas de las personas defensoras del medio ambiente entrevistadas por Front Line Defenders expresaron el miedo que sienten al vivir en constante amenaza, así como el sufrimiento diario de llegar a sus casas y encontrar alguna nueva notificación, o que recibieron alguna otra demanda.

“Es muy complejo y peligroso presentarte como defensor en este contexto” anota la defensora de derechos humanos, la Sra Ruth Luque de Derechos Humanos Sin Fronteras, al tiempo que el defensor de derechos humanos el Sr Vidal Merma, afirma que hay una campaña de desprestigio direccionando “los ataques hacia algunos comunicadores o periodistas que estaban mostrando la realidad, la muerte de animales, los problemas de las comunidades y la destrucción del medio ambiente…”

El presente informe consigna diez recomendaciones al Gobierno del Perú, las cuales, si fueran implementadas, contribuirían de manera significativa a la mejora de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y al Perú a respetar sus obligaciones bajo la Declaración de NNUU sobre Defensores de Derechos Humanos.

Un vídeo de 12 minutos acompaña a este informe, disponible en frontlinedefenders.org/peru-reportonhumanrightsdefenders

El informe puede ser leido aquí.

 

ENGLISH 

Press release: Front Line Defenders launches report and video on human rights defenders in Peru

FOR IMMEDIATE RELEASE

(Dublin, 19 June 2014) Front Line Defenders visited Peru in February 2014 and travelled extensively in the Cajamarca and Cusco regions investigating ongoing conflict between mining companies and indigenous and campesino rights defenders. This report is based on field research and interviews with independent human rights defenders and civil society organisations. A 12-minute video accompanying this report is available atfrontlinedefenders.org/peru-reportonhumanrightsdefenders

Front Line Defenders expresses its deep concern regarding the situation of human rights defenders (HRDs) working on human rights and environmental issues related to the extractive industries in Peru. They live and work in a very tense situation and have been the direct target of intimidation, death threats, physical attacks, surveillance, stigmatisation, smear campaigns, and judicial harassment. All these documented instances appear to be directly related to legitimate and peaceful work carried out by the HRDs concerned, in particular in supporting the local communities opposed to mining projects and their impact on their environment, territory and livelihood.

“Front Line Defenders has noted with deep concern a trend across the region of governments trampling over the rights of indigenous peoples and localcommunities and of those defending them in their rapacious search for raw materials and profit. The Government of Peru has an obligation to respect the rights of all its citizens and to protect those brave human rights defenders who speak out on their behalf” said Front Line Defenders Deputy Director Andrew Anderson, at the launch of the report.

Peru is one of the largest producers of silver and copper in the world and the 5th largest producer of gold. The government has granted mining licences for huge areas of the national territory extending to 45% of the territory of Cajamarca province and 21% of the territory of Cusco province. These projects have brought the authorities and mining companies into conflict with indigenous peoples and campesino communities who exist on the basis of subsistence farming and whose way of life and well-being have been undermined. Local communities are particularly concerned about access to water, as rivers have been polluted and water courses have dried up.

Intense local opposition to mining has been met with a violent response by the state and excessive use of force by the police and the army in dealing with protests and demonstrations. Of particular concern is the adoption of a law in January 2014 that granted to the armed forces and the national police immunity from prosecution for death or injuries caused while on duty.

400 protesters and HRDs are currently facing prosecution on the basis of charges lodged by the mining companies, their staff or the public prosecutor. In many cases these charges are nothing more than a form of judicial harassment in that there is no evidence to back them up. Mr Milton Sanchez of the Plataforma Interinstitucional Celendin has had 50 court proceedings but has never been convicted. However these spurious proceedings take up valuable time and resources and distract from the core work of the organisation.

Many of the environmental HRDs Front Line Defenders interviewed expressed their feelings of fear at living under constant threats, as well as the daily stress of expecting to find another notice on their homes, or that they will receive notice of another lawsuit.

“It is very difficult and dangerous to be a human rights defender in this environment” says HRD Ms Ruth Luque from Derechos Humanos Sin Fronteras, whileHRD Mr Vidal Merma affirms that there is a smear campaign “against spokespeople or journalists who are exposing the truth about the death of animals, the problems of the communities and the destruction of the environment.”

This report addresses ten recommendations to the Government of Peru which, if implemented, would contribute significantly to improving the situation for environmental rights defenders and to Peru’s respect of its obligations under the UN Declaration on Human Rights Defenders.

A 12-minute video accompanying this report is available at frontlinedefenders.org/peru-reportonhumanrightsdefenders

The report can be read in full here.

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