Por el derecho a defender nuestros derechos

Ambientalistas bajo asedio

Ambientalistas y defensores de recursos naturales guatemaltecos bajo asedio; activismo les puede costar la vida

Regina Pérez
rperez@lahora.com.gt

Ser ambientalista en Guatemala no es nada fácil. No se trata solo de dedicarle tiempo al activismo y a la defensa de sus recursos naturales, en medio de sus labores diarias, sino que también son víctimas de ataques y amenazas que en su mayoría provienen de actores no estatales.

Screenshot from 2013-07-12 19:59:25

Según cifras de UDEFEGUA, en 2013 han sido asesinados al menos seis ambientalistas en Guatemala y se han registrado al menos 52 casos de ataques, amenazas, allanamientos e intimidación.

Hace dos años llegó a los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, aledaños a la ciudad Capital, el proyecto minero “El Tambor”, perteneciente a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (Exmingua), subsidiaria local de la compañía minera canadiense Radius Gold Inc.

Fue entonces cuando Yolanda Oquelí comenzó a organizarse con otros comunitarios para poder detener el proyecto “porque no fue consultado a nuestras comunidades”. De acuerdo con la activista, estaban preocupados por el uso que se le iba a dar al agua, ya que estaban sufriendo de escasez en la localidad, que se ubica en el Corredor Seco.

Antes de eso, Oquelí tenía una vida normal. Sin miedo de carecer de agua y sin la preocupación de tener a la empresa minera cerca de sus comunidades. “Para todos, no solo para mí, fue un golpe muy fuerte que llegara esta empresa”, cuenta.

Pero poco más de un año después de que llegara la mina, Oquelí fue víctima de un atentado armado en el que casi perdió la vida. “Marcó totalmente mi vida y la de mi familia; ya no es normal. Ya no puedo caminar por las calles libremente como lo hacía antes. Siempre ando con el temor de que en cualquier momento puedan atentar contra mi vida”, dijo.

La tarde del miércoles 13 de junio de 2012, Yolanda se dirigía del plantón pacífico que se realizaba en La Puya, San José del Golfo, hacia su casa, cuando fue atacada a balazos por hombres desconocidos que se movilizaban en una motocicleta. Por fortuna pudo sobrevivir al ataque armado, no sin graves heridas provocadas por una bala que impactó contra su cuerpo.

“Sabemos que no fue más que por levantar la voz y por pelear por los bienes naturales, porque antes de eso nunca tuve un problema, yo tenía una vida normal como cualquier guatemalteco que lucha y trabaja”, señala Yolanda. “Con la llegada de la empresa fue cuando comenzaron las amenazas, porque antes de eso (del atentado) yo ya había recibido amenazas y había presentado las denuncias, pero nunca se hizo nada”, indicó.

La activista indica que ahora tiene temor de que en cualquier momento vuelvan a atentar contra su vida: “Ahora ya cuento con medidas cautelares, pero es una de las cosas más fuertes que me ha tocado vivir porque no es fácil andar con gente armada a la par”.

“Me he dado cuenta que este trabajo de defender los bienes naturales no es fácil, porque siempre se nos criminaliza, se nos persigue y se nos quiere callar. Cada vez es más complicado”, anotó.

Tras meses de resistencia pacífica de los pobladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en septiembre de 2012 trascendió que Radius Gold vendía sus intereses mineros a la empresa Kappes, Cassiday & Associates (KCA), aunque no significó la salida de la minera en esos municipios.

En diciembre de ese mismo año, fuerzas de seguridad del Estado intentaron desalojar a los pobladores que mantenían una resistencia pacífica en La Puya, San José del Golfo, para impedir la entrada de los trabajadores de la minera. Sin embargo no lograron su cometido y los comunitarios hasta ahora continúan en resistencia.

CRIMINALIZACIÓN

Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), señala que las amenazas y ataques contra ambientalistas se dan de diversas maneras, iniciando con la estigmatización por el trabajo que realizan, sobre todo de entes estatales y empresas privadas, ya que se les tacha de ser “opositores” del desarrollo, demeritando su trabajo.

Según Maldonado, se criminaliza a líderes comunitarios, activistas y directores de organizaciones con denuncias y procesos penales en su contra, en diferentes juzgados del país. “El más claro ejemplo es el que desarrolla la minera San Rafael, en Santa Rosa, en donde la misma mina se ha constituido en querellante adhesivo contra los líderes comunitarios que se oponen a su actividad”, señaló.

En Santa Rosa, de septiembre hasta la fecha, más de 60 personas fueron detenidas por su oposición a la minera San Rafael en ese lugar; todas fueron liberadas por los órganos jurisdiccionales del país, por no encontrarse pruebas en su contra; también se intimida a los defensores. “Yo mismo he sido víctima de eso, ya que han allanado ilegalmente mi residencia en los últimos dos meses”, agrega Maldonado, quien considera que es a causa del trabajo que realiza en CALAS.

A esto se suman amenazas y atentados contra la vida de las personas, como el ataque armado que sufrió el director de CALAS, Yuri Melini, en 2008.

Los activistas ambientales en Guatemala están en un trabajo completamente adverso. El Estado no reconoce su labor y, por el contrario, la critica y la criminaliza, indicó Maldonado. Agregó que otra manera de atentar contra el trabajo de los ambientalistas es el descrédito, como recientemente ocurrió con un documento publicado por la organización Fundación contra el Terrorismo.

En el documento, la Fundación señala a CALAS de recibir financiamiento internacional con el que alimentan la conflictividad en el país, promueven la anarquía, desinforman y realizan campañas negras contra las empresas extractoras y de monocultivos; con fondos de la cooperación internacional capacitaron a líderes comunitarios en formación política, participación ciudadana, desarrollo, poder local y acceso a la información pública, quienes posteriormente se vieron envueltos en hechos conflictivos en sus comunidades, indicó dicha Fundación.

Los comunitarios a los que se refiere la Fundación pertenecían a la comunidad xinca de Santa María Xalapán, municipio de gran conflictividad en el país, cuyos principales líderes del Parlamento Xinca sufrieron un secuestro a principios de este año.

MINERAS ACTÚAN EN LEY

La Hora contactó al presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, a la que pertenecen la minera San Rafael y el proyecto minero El Tambor, para conocer su versión sobre las declaraciones de los ambientalistas. Mario Marroquín, presidente de la referida gremial, respondió que los miembros de la gremial tienen como línea respetar el marco del Estado de Derecho y el marco normativo, por lo que la política es no realizar nada que sea contrario o reñido al marco de la ley.

Respecto a los señalamientos de los activistas, Marroquín dijo que no ha habido investigaciones que concluyan sobre las violaciones a los ambientalistas, pero que en todo caso siempre se ha actuado en el marco de la ley.

Acerca de lo sucedido en San Rafael Las Flores, donde la mina se constituyó como querellante contra algunos pobladores detenidos, lo cual es visto por ambientalistas como otra forma de intimidación, Marroquín señaló que la empresa se apegó a los mecanismos legales que hay en el país y que por eso mismo no ve por qué sería una razón del amedrentamiento.

Acerca de Alberto Rotondo, exjefe de seguridad de la mina San Rafael, acusado de ordenar abrir fuego en contra de pobladores que se oponían a la actividad de la empresa y quien se encuentra ligado a proceso por este caso, Marroquín señaló que debe dilucidar su situación en los tribunales; por eso le digo que todos estamos sometidos al margen legal, anotó.

NO ESTOY EN CONTRA DE LOS AMBIENTALISTAS

Por su parte, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, dijo que el documento publicado con señalamientos hacia CALAS “no es una amenaza para nadie” sino más bien un señalamiento directo, abierto y público respecto a la manipulación de personas, especialmente en condición de pobreza, situación que es aprovechada por agitadores sociales “para justificar enormes cantidades de dinero en concepto de financiamiento que reciben del exterior”.

“Nosotros exigimos a Yuri Melini (director de CALAS) y a Maldonado que nos demanden, queremos aclarar en los tribunales lo que está pasando en el país” indicó.

El presidente de la Fundación aclaró: “No estoy en contra de los derechos humanos, de los cuales todos tenemos derecho a gozar, y tampoco estoy en contra de la protección del medio ambiente; pero sí estoy en contra de que se prostituya la necesidad de los guatemaltecos y que se prostituya la defensa del medio ambiente con el propósito de agenciarse de dinero”.

A decir de Méndez Ruiz, todo se trata de dinero. Alrededor de todo esto gravita el dinero, alrededor de quienes supuestamente defienden los derechos humanos, el medio ambiente, no de todos pero sí de la mayoría, lo que perciben son los beneficios económicos que al final lo que hacen es confrontarnos a los guatemaltecos.

AGRESIONES Y ASESINATOS

En general, los defensores de derechos humanos siempre están bajo asedio, no importa la causa que defiendan. Este año han sido asesinados 22 de ellos. Claudia Samayoa, directora de Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) indica que en este año ha habido más asesinatos de ambientalistas que en años anteriores.

“No solo sufren amenazas; en este sector estos actos se suelen concretar en asesinatos o asesinatos en grado de tentativa”, dice Samayoa, quien refiere que esto lo sufren tanto los ambientalistas como los trabajadores del Estado que trabajan en instituciones como el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

Según la directora de UDEFEGUA, un ambientalista o un activista no necesariamente tiene que trabajar en una organización o una ONG para ser considerado como tal; un defensor es aquel que defiende un derecho o promueve una libertad, y eso implica a alguien que ve más allá de sus intereses particulares y está velando por los recursos de varias personas, dijo.

Es por eso que los líderes comunitarios o dirigentes de varios grupos de desarrollo se convierten en defensores, porque están viendo por el bien de todos; en el caso de los líderes comunitarios, los ambientalistas son las personas que buscan que no se tale un bosque protegido, están preservando literalmente el agua, por lo que son defensores de derechos humanos.

Según la activista, en la mayoría de casos los ataques contra ambientalistas y líderes comunitarios que defienden el ambiente, provienen de actores no estatales; pueden atacar y amenazar porque generalmente no hay persecución penal en contra de ellos, indica Samayoa.

EL ACTIVISMO CONTINÚA

El pasado 1 de julio los pobladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc cumplieron 16 meses de resistir pacíficamente a la mina El Tambor.

Yolanda Oquelí señala que su lucha y su trabajo por defender los recursos naturales le han puesto en la cuerda floja, porque “si uno habla lo quieren callar”.

“Yo sigo en resistencia, volver a mi comunidad fue una decisión personal, lo hice porque la convicción que tengo por la lucha definitivamente no me la van a cambiar ni me bajarán los ánimos con intentar matarme, para mí volver a la resistencia después de un atentado ha sido una de las cosas más fuertes que me ha tocado hacer en mi vida, pero lo he hecho con mucha convicción, porque solo de esta manera se pueden arreglar las situaciones, no es con la violencia” afirmó Oquelí.

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